El 13 de diciembre de 1907 se produjo el descubrimiento de
petróleo en la provincia de Chubut. El presidente Figueroa Alcorta decretó el
carácter fiscal de las reservas de Comodoro Rivadavia. En 1916, desde su acceso
a la presidencia de la nación el Dr. Hipólito Yrigoyen estableció la soberanía
nacional sobre el recurso petróleo realizando obras para su producción y
diseñando las bases de Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- empresa al
frente de la cual el Presidente Marcelo T. de Alvear puso al Gral. Enrique
Mosconi, el 16 de octubre de 1922, en la primera semana de su gobierno. La
empresa tenía por objeto la exploración, explotación, destilación, distribución
y venta de petróleo y sus productos derivados. Fue la empresa integrada
verticalmente más importante del mundo, con excepción de la URSS, y fue,
además, creadora de pueblos como Comodoro Rivadavia, en Chubut; Plaza Huincul,
en Neuquén; Las Heras, Cañadón Seco, Caleta Olivia, en Santa Cruz, en
proximidad de las reservas detectadas en dichos lugares. YPF tuvo el monopolio
legal del petróleo como Sociedad del Estado en correspondencia con la doctrina
de Hipólito Yrigoyen y del Gral. Mosconi, y acordaba los contratos para la
instalación de otras empresas. Fue modelo para la creación de instituciones semejantes
en otros países de la región. Con la política mantenida a través de YPF la
Argentina logró el autoabastecimiento energético en 1989 durante la presidencia
de Raúl Alfonsín.
Deshacen el patrimonio nacional
En 1992, la política ultra-liberal menemista que deshizo el
patrimonio nacional construido por el Estado durante las décadas precedentes
realizó la venta de YPF, convertida primero en Sociedad Anónima - YPF S.A-, la
que fue activamente apoyada por los representantes de Santa Cruz a quienes,
desde el Gobierno de Néstor Kirchner y la legislatura provincial, se les
ordenaba votar la ley con una declaración impulsada y firmada por la entonces
diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner. La Unión Cívica Radical a
través de sus legisladores en el Congreso Nacional se opuso a la privatización.
El Estado mantuvo el 20 % y la acción de oro, quedando el 12
% en poder de las provincias petroleras. En 1999 el Estado vendió a Repsol el
14,99 % de las acciones restantes con lo que ésta empresa pasa a poseer la casi
totalidad del paquete accionario. En diciembre de 2007 el Grupo liderado por
Enrique Ezkenazi adquiere el 14,99 % de las acciones de REPSOL-YPF en una
operación en que interviene el gobierno, y amplía su participación con una
nueva compra en mayo de 2011. Las condiciones pactadas establecen la
distribución de dividendos de hasta un 90 % con los cuales se pagarán los
créditos necesarios para esta operación. El 31 de diciembre de 2011 el grupo
Ezkenazi poseía el 25,46 % de las acciones, correspondiendo el 57,43 % a
Repsol, el 17,09 % a inversores privados, restando un 0,2 % al Estado argentino
que conserva la acción de oro. En 2012 YPF produce el 32 % de los hidrocarburos
y el 23 % del gas. En otras áreas del país se adjudican numerosas concesiones a
empresas nuevas, sin antecedentes petroleros, muchas de las cuales se deben
anular en diversas provincias por falta de actividad o se transforman en
operaciones “inmobiliarias” vendiendo a otras empresas los permisos obtenidos.
En general, las empresas maximizaron la búsqueda de ganancias sin realizar
inversiones significativas y sin propósitos de exploración. El Estado se
mantuvo ausente y carente de una política nacional en la materia y la
producción de petróleo decayó a partir de 1998 y la de gas desde el 2004.
Falta de previsiones
La Unión Cívica Radical advirtió esta situación a través de
sus destacados y reconocidos especialistas en la materia y de pronunciamientos
políticos en los que denunciaron la pérdida del autoabastecimiento y la falta
de previsiones. La Auditoría General de
la Nación, al frente de Leandro Despouy como representante de la oposición
radical, realizó en 2007 y 2010 sendos informes en que se señalan la falta de
información y registros que permitan una función de gestión eficiente y la
ausencia de controles, advirtiendo la disminución sistemática de los valores de
explotación declarados en jurisdicción nacional, que ya alcanzaban al 43,88 %
en 2007 respecto al año anterior, manteniendo esa tendencia declinante hacia
adelante. La Unión Cívica Radical denunció igualmente las irregularidades con
que se prorrogó en 2007 el contrato de concesión del importantísimo yacimiento
de Cerro Dragón en la provincia de Chubut que vence en 2017 y fue extendido
hasta el año 2047, sin cumplir con las obligaciones de evaluar el desempeño de
la empresa que debía realizarse en un plazo de seis meses como mínimo antes de
la expiración del plazo original. La prórroga establecía, además, un monto de
regalías significativamente por debajo de los parámetros internacionales. La
Unión Cívica Radical denunció el operativo e instruyó desde los Comités
Nacional y Provincial a sus Diputados para oponerse a dicha prórroga. Algunos
de ellos fueron cooptados por el Gobierno provincial y fueron expulsados del
partido, en una actitud coherente con la defensa histórica del patrimonio
nacional.
Acto inconsulto
Hoy nos encontramos frente a otro acto inconsulto y
sorpresivo del Gobierno que envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación
con el propósito de declarar de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.
Este amplio propósito se propone lograrlo mediante la expropiación del paquete
accionario de sólo una de las empresas actuantes en el país, REPSOL, hasta hace
pocos meses ensalzada por la Presidente por su eficiente desempeño en el país.
El proyecto no toca las acciones del grupo Ezkenezi, el otro integrante de YPF.
El proyecto contiene una fuerte denuncia de incumplimientos de la empresa
española, que resultaría la responsable de los déficits existentes que
obligaron a la importación de combustibles por 9.300 millones de dólares en
2011. Pero las empresas restantes, que representan el 70 % de la producción
total del país, también disminuyeron su producción contribuyendo, por ende, a
la situación creada. Resulta difícil entender el porqué de esta
particularización en un solo actor. El Capítulo III del proyecto titulado “DE
LA RECUPERACIÓN DE YPF” dispone la expropiación, en el Art. 7, del 51 % del
patrimonio de YPF, que corresponde a las acciones de REPSOL. En el Art. 15 se
determina que YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad
anónima abierta. Y la Presidente se encargó en el acto en que hizo su anuncio
de aclarar que no se trata de una estatización.
YPF hoy
Es decir que la YPF actual no tiene ningún parentesco con
los Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Yrigoyen, Mosconi, Alvear, Illia y
Alfonsín. La Unión Cívica Radical no necesita agregar nuevos elementos a su
defensa permanente e inclaudicable de la soberanía sobre el petróleo. Es parte
de su identidad política y deberá seguir luchando por lograr ese objetivo con
una ley que no es esta, y cuyos lineamientos están definidos en las “Bases del
Programa 2011, aprobadas por la Honorable Convención Nacional. De la sanción
del proyecto en consideración podrán resultar planteos de inconstitucionalidad,
el aumento de la desconfianza de los potenciales y necesarios inversores por el
quiebre del estado de derecho y el no respeto a las normas, la producción de
sanciones de la comunidad internacional, y la creación de expectativas de
difícil y hasta diría imposible cumplimiento que agravarían los problemas
existentes y crearían nuevas frustraciones en el pueblo argentino. Hacer
docencia y explicar con claridad la naturaleza de los problemas que enfrentamos
es volver a reencontrarnos con nuestra sociedad. Es un deber que debemos
emprender.
Por Elva Roulet
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