Ernesto Sábato le entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe final de la Conadep. En este 24 de marzo, a 33 años de la noche más larga en la historia contemporánea argentina, la Junta Central de la Unión Cívica Radical de La Plata invita a la reflexión, al reconocimiento y a una valoración de los "Derechos Humanos", para que no sea un espacio estanco ni una bandería política.
La conducción del radicalismo platense presenta un análisis de la cuestión y las consecuencias directas del fatídico golpe, en lo concerniente al centenario partido.
Una observación de Gustavo Aramburu (*)
Seguramente el oficialismo aprovechará este nuevo aniversario del golpe militar para reiterar su mensaje de que es el único e incomparable adalid en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la dictadura. Esto no es nuevo; el peronismo y algunas fuerzas de izquierda se han apropiado de este tema, en ellos se monopoliza la lucha y los mártires. Entiendo que es una falsedad histórica que quienes militamos en las filas del radicalismo debemos atacar con convicción.
Nuestra obra
El 20 de setiembre de 1984, en la Plaza de Mayo, 70 mil personas piden justicia. En la Casa Rosada, un simple acto de protocolo le da sentido vital al renacer democrático: el escritor Ernesto Sábato le entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que desnuda los métodos de la represión ilegal. En dos meses, el informe se transformará en libro, con un título que trascenderá su modesto contenido gramatical: “Nunca Más”. En menos de un año, será la prueba fundamental del juicio a las juntas militares. Por primera vez en la historia argentina, los todopoderosos de una dictadura, sentados en el banquillo de los acusados.
Fueron 50 mil fojas que describieron las peores formas del terrorismo de Estado: la violación del derecho a la vida, la estimación inicial de 8.960 desaparecidos, el secuestro de bebés, las torturas, la existencia de 340 centros clandestinos de detención, el entierro de cadáveres en fosas comunes, sin identificación.
Raúl Alfonsín no quiso esperar: en el quinto día de iniciada su presidencia —luego del régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983— firmó el decreto 187, que creó la comisión para investigar “las gravísimas violaciones a los derechos humanos”; recopilar "denuncias y pruebas" para remitirlas a los jueces; y tratar de averiguar el destino de las personas desaparecidas. Alfonsín pensó en los derechos humanos como una verdadera política de Estado.
A poco de asumir, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía que había dispuesto el general Reynaldo Bignone, el último presidente de facto. Sin ese paso, “el juicio a las juntas hubiera sido imposible, porque los acusados se hubieran acogido a la ley más benigna", explica Eduardo Rabossi, primer subsecretario de Derechos Humanos de la era democrática.
Es bueno aclarar que el peronismo, a través de su candidato Ítalo Luder se había manifestado en desacuerdo con la posibilidad de derogar la autoamnistía.
El juicio a las Juntas fue la decisión politica del Dr. Raúl Alfonsín, fiel a sus convicciones y respetando contra viento y marea la voluntad y el clamor popular de justicia, hecho que en el mundo se lo compara y hasta mejor considera con los juicios de Nüremberg.
Nuestros mártires
Me permito remitir a los antecedentes y piezas documentales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
El Gobierno de Argentina, por cablegrama de 22 de octubre de 1976 informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:
La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, informa, a través de su oficina de prensa que el día 19 del corriente a las 22 horas se produjo en el Hospital Penitenciario Central el deceso del detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Mario Abel Amaya.
El interno había ingresado al citado nosocomio a efectos de ser tratado de una afección asmática crónica y de una afección coronaria localizada cinco años atrás. Pese a los controles clínicos a los que fuera sometido en forma permanente por los profesionales encargados de su atención, en virtud de su estado el día y hora citados en primer término se constata un paro cardíaco no respondiendo el enfermo a los auxilios que inmediatamente le fueron suministrados, siendo motivo de su deceso una insuficiencia cardíaca aguda por un infarto agudo de miocardio.
La Comisión recibió de los denunciantes, en comunicación de 16 de octubre de 1977, la declaración del señor HIPÓLITO SOLARI IRIGOYEN, quien permaneció detenido junto con el señor MARIO ABEL AMAYA. En su declaración, en la parte pertinente, el Sr. Solari Yrigoyen expresa:
El diputado Mario Abel Amaya fue también detenido el 17 de agosto de 1976 en su domicilio de Trelew, provincia de Chubut y siguió las mismas alternativas de mi detención hasta que fuimos trasladados el 11 de setiembre de 1976 en un avión naval desde Bahía Blanca hasta la Base Aeronaval ‘Almirante Zar’ de Trelew y de ahí a la cárcel de Rawson. Como consecuencia de los brutales castigos que recibimos en la Base y en la cárcel y de la falta de atención médica en los primeros días el diputado Amaya fue trasladado en gravísimo estado al hospital de la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde falleció el 19 de octubre de 1976.
La comunicación del Gobierno argentino, señala que “el doctor Solari Irigoyen se halla detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 1831/76 en razón de estar vinculado a actividades subversivas.” Queremos recordar a Uds. que el doctor Solari Irigoyen y su colega, el doctor Mario Abel Amaya, fallecido en prisión, fueron víctimas de un secuestro no investigado y cayos responsables siguen sin castigo. Pasaron posteriormente a la situación de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, lo que evidencia no tener causa ni proceso, en virtud del estado de sitio.
Copia del Certificado del Poder Judicial de la Nación, Juzgado Federal de Primera Instancia, en el cual consta lo siguiente:
CERTIFICO: En cuanto ha lugar en derecho que el Doctor Dr. Hipólito Eduardo SOLARI YRIGOYEN, no se encuentra procesado en ninguna causa en trámite ante este Juzgado; que este Juzgado no ha requerido ni tiene interés en su detención y que no existe impedimento en el Tribunal para que salga del país. A mayor abundamiento, se hace constar que el nombrado profesional fue indagado en los términos del artículo doscientos treinta y seis, segundo apartado, del Código de Procedimientos en lo Criminal, en la causa No. 378, folio 183, año 1976, caratulado: ‘Sumario instruido en averiguación presunta infracción a la Ley No. 20.840’, no habiéndoselo afectado en ningún momento a la mencionada causa, en la cual se dictó el día 2 de diciembre del año 1976 sobreseimiento provisional (Art. 435 inc. 1 del Código de Procedimientos en lo Criminal), con constancia de no haberse procesado a persona alguna’.
El señor Hipólito Solari Yrigoyen desde su exilio declara:
1) Nunca fui “secuestrado por grupos no identificados”. Fui detenido el 17 de agosto de 1976 en un operativo militar ordenado por el jefe de seguridad y 2º jefe del V Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, y ejecutado en el Área 536, con asiento en Trelew. Fui detenido en mi domicilio de Puerto Madryn, provincia de Chubut, por militares uniformados que luego saquearon mi casa y volaron mi automóvil.
2) No es cierto que fuera “liberado por autoridades policiales el 30 de agosto de 1976”. Fui trasladado desde el regimiento 181 de Comunicaciones en Bahía Blanca, donde me encontraba hasta la ciudad de Viedma donde fui tirado al costado del camino y enseguida recogido por un automóvil policial. Mi detención ilegal se transformó así en detención legal. Antes y después de esa supuesta “liberación” fui objeto de crueles tormentos.
El Ruso
Poco después del Golpe de 1976, Sergio Karakachoff tuvo que instalarse en Buenos Aires por precaución. Estaba amenazado de muerte y sin posibilidad de atender su estudio.
Incómodo en la Capital, decidió regresar a La Plata, en realidad, no quería dejar por mucho tiempo la sede de su militancia. A esa altura la Ciudad era un infierno.
Sergio fue secuestrado y asesinado el 10 de septiembre de 1976 por organismos paramilitares durante la última Dictadura Militar. "El secuestro tuvo características espectaculares. Fueron a buscar a Mariné (esposa de Sergio) a la guardería platense donde llevaba a las nenas, luego trataron de ubicar a Karakachoff en su estudio, y finalmente, se descolgaron en la casa de Teruggi. A las 10 de la noche, el grupo de tareas se fue de la casa llevándose a Teruggi y Karakachoff. Unas cinco horas después lo fusilaron a itakazos..."
En honor a la gesta histórica en materia de derechos humanos del Dr. Alfonsín, a la memoria del Petiso Amaya y del Ruso, los radicales debemos honrar la verdad histórica en este aniversario.
Quizás el mejor mensaje a futuro pueda ser la necesidad de oponerse al autoritarismo, a las voluntades hegemónicas y el rechazo del diálogo y del disenso como herramienta democrática
Puede ser que sí, pero al más incrédulo de estas concepciones, le afirmo: Si se esperan las ruinas, en las ruinas encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre la base de la unión de los argentinos.
Ricardo Balbín, 16-3-1976
(*) Abogado
Tel / Fax: (011) 4326-5223
La conducción del radicalismo platense presenta un análisis de la cuestión y las consecuencias directas del fatídico golpe, en lo concerniente al centenario partido.
Una observación de Gustavo Aramburu (*)
Seguramente el oficialismo aprovechará este nuevo aniversario del golpe militar para reiterar su mensaje de que es el único e incomparable adalid en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la dictadura. Esto no es nuevo; el peronismo y algunas fuerzas de izquierda se han apropiado de este tema, en ellos se monopoliza la lucha y los mártires. Entiendo que es una falsedad histórica que quienes militamos en las filas del radicalismo debemos atacar con convicción.
Nuestra obra
El 20 de setiembre de 1984, en la Plaza de Mayo, 70 mil personas piden justicia. En la Casa Rosada, un simple acto de protocolo le da sentido vital al renacer democrático: el escritor Ernesto Sábato le entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que desnuda los métodos de la represión ilegal. En dos meses, el informe se transformará en libro, con un título que trascenderá su modesto contenido gramatical: “Nunca Más”. En menos de un año, será la prueba fundamental del juicio a las juntas militares. Por primera vez en la historia argentina, los todopoderosos de una dictadura, sentados en el banquillo de los acusados.
Fueron 50 mil fojas que describieron las peores formas del terrorismo de Estado: la violación del derecho a la vida, la estimación inicial de 8.960 desaparecidos, el secuestro de bebés, las torturas, la existencia de 340 centros clandestinos de detención, el entierro de cadáveres en fosas comunes, sin identificación.
Raúl Alfonsín no quiso esperar: en el quinto día de iniciada su presidencia —luego del régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983— firmó el decreto 187, que creó la comisión para investigar “las gravísimas violaciones a los derechos humanos”; recopilar "denuncias y pruebas" para remitirlas a los jueces; y tratar de averiguar el destino de las personas desaparecidas. Alfonsín pensó en los derechos humanos como una verdadera política de Estado.
A poco de asumir, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía que había dispuesto el general Reynaldo Bignone, el último presidente de facto. Sin ese paso, “el juicio a las juntas hubiera sido imposible, porque los acusados se hubieran acogido a la ley más benigna", explica Eduardo Rabossi, primer subsecretario de Derechos Humanos de la era democrática.
Es bueno aclarar que el peronismo, a través de su candidato Ítalo Luder se había manifestado en desacuerdo con la posibilidad de derogar la autoamnistía.
El juicio a las Juntas fue la decisión politica del Dr. Raúl Alfonsín, fiel a sus convicciones y respetando contra viento y marea la voluntad y el clamor popular de justicia, hecho que en el mundo se lo compara y hasta mejor considera con los juicios de Nüremberg.
Nuestros mártires
Me permito remitir a los antecedentes y piezas documentales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
El Gobierno de Argentina, por cablegrama de 22 de octubre de 1976 informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:
La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, informa, a través de su oficina de prensa que el día 19 del corriente a las 22 horas se produjo en el Hospital Penitenciario Central el deceso del detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Mario Abel Amaya.
El interno había ingresado al citado nosocomio a efectos de ser tratado de una afección asmática crónica y de una afección coronaria localizada cinco años atrás. Pese a los controles clínicos a los que fuera sometido en forma permanente por los profesionales encargados de su atención, en virtud de su estado el día y hora citados en primer término se constata un paro cardíaco no respondiendo el enfermo a los auxilios que inmediatamente le fueron suministrados, siendo motivo de su deceso una insuficiencia cardíaca aguda por un infarto agudo de miocardio.
La Comisión recibió de los denunciantes, en comunicación de 16 de octubre de 1977, la declaración del señor HIPÓLITO SOLARI IRIGOYEN, quien permaneció detenido junto con el señor MARIO ABEL AMAYA. En su declaración, en la parte pertinente, el Sr. Solari Yrigoyen expresa:
El diputado Mario Abel Amaya fue también detenido el 17 de agosto de 1976 en su domicilio de Trelew, provincia de Chubut y siguió las mismas alternativas de mi detención hasta que fuimos trasladados el 11 de setiembre de 1976 en un avión naval desde Bahía Blanca hasta la Base Aeronaval ‘Almirante Zar’ de Trelew y de ahí a la cárcel de Rawson. Como consecuencia de los brutales castigos que recibimos en la Base y en la cárcel y de la falta de atención médica en los primeros días el diputado Amaya fue trasladado en gravísimo estado al hospital de la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde falleció el 19 de octubre de 1976.
La comunicación del Gobierno argentino, señala que “el doctor Solari Irigoyen se halla detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 1831/76 en razón de estar vinculado a actividades subversivas.” Queremos recordar a Uds. que el doctor Solari Irigoyen y su colega, el doctor Mario Abel Amaya, fallecido en prisión, fueron víctimas de un secuestro no investigado y cayos responsables siguen sin castigo. Pasaron posteriormente a la situación de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, lo que evidencia no tener causa ni proceso, en virtud del estado de sitio.
Copia del Certificado del Poder Judicial de la Nación, Juzgado Federal de Primera Instancia, en el cual consta lo siguiente:
CERTIFICO: En cuanto ha lugar en derecho que el Doctor Dr. Hipólito Eduardo SOLARI YRIGOYEN, no se encuentra procesado en ninguna causa en trámite ante este Juzgado; que este Juzgado no ha requerido ni tiene interés en su detención y que no existe impedimento en el Tribunal para que salga del país. A mayor abundamiento, se hace constar que el nombrado profesional fue indagado en los términos del artículo doscientos treinta y seis, segundo apartado, del Código de Procedimientos en lo Criminal, en la causa No. 378, folio 183, año 1976, caratulado: ‘Sumario instruido en averiguación presunta infracción a la Ley No. 20.840’, no habiéndoselo afectado en ningún momento a la mencionada causa, en la cual se dictó el día 2 de diciembre del año 1976 sobreseimiento provisional (Art. 435 inc. 1 del Código de Procedimientos en lo Criminal), con constancia de no haberse procesado a persona alguna’.
El señor Hipólito Solari Yrigoyen desde su exilio declara:
1) Nunca fui “secuestrado por grupos no identificados”. Fui detenido el 17 de agosto de 1976 en un operativo militar ordenado por el jefe de seguridad y 2º jefe del V Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, y ejecutado en el Área 536, con asiento en Trelew. Fui detenido en mi domicilio de Puerto Madryn, provincia de Chubut, por militares uniformados que luego saquearon mi casa y volaron mi automóvil.
2) No es cierto que fuera “liberado por autoridades policiales el 30 de agosto de 1976”. Fui trasladado desde el regimiento 181 de Comunicaciones en Bahía Blanca, donde me encontraba hasta la ciudad de Viedma donde fui tirado al costado del camino y enseguida recogido por un automóvil policial. Mi detención ilegal se transformó así en detención legal. Antes y después de esa supuesta “liberación” fui objeto de crueles tormentos.
El Ruso
Poco después del Golpe de 1976, Sergio Karakachoff tuvo que instalarse en Buenos Aires por precaución. Estaba amenazado de muerte y sin posibilidad de atender su estudio.
Incómodo en la Capital, decidió regresar a La Plata, en realidad, no quería dejar por mucho tiempo la sede de su militancia. A esa altura la Ciudad era un infierno.
Sergio fue secuestrado y asesinado el 10 de septiembre de 1976 por organismos paramilitares durante la última Dictadura Militar. "El secuestro tuvo características espectaculares. Fueron a buscar a Mariné (esposa de Sergio) a la guardería platense donde llevaba a las nenas, luego trataron de ubicar a Karakachoff en su estudio, y finalmente, se descolgaron en la casa de Teruggi. A las 10 de la noche, el grupo de tareas se fue de la casa llevándose a Teruggi y Karakachoff. Unas cinco horas después lo fusilaron a itakazos..."
En honor a la gesta histórica en materia de derechos humanos del Dr. Alfonsín, a la memoria del Petiso Amaya y del Ruso, los radicales debemos honrar la verdad histórica en este aniversario.
Quizás el mejor mensaje a futuro pueda ser la necesidad de oponerse al autoritarismo, a las voluntades hegemónicas y el rechazo del diálogo y del disenso como herramienta democrática
Puede ser que sí, pero al más incrédulo de estas concepciones, le afirmo: Si se esperan las ruinas, en las ruinas encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre la base de la unión de los argentinos.
Ricardo Balbín, 16-3-1976
(*) Abogado
Tel / Fax: (011) 4326-5223
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