En el marco del candente tema de la estatización de las jubilaciones, el radicalismo platense organizó el pasado lunes una charla del ex legislador Eduardo Santín, en la sede de la Junta Central.
El disertante es un ingeniero argentino especialista en seguridad social, ex diputado nacional radical y ex presidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados de la Nación, y como ex vicepresidente de la misma, fue vocero de la oposición parlamentaria durante el debate de la privatización del sistema previsional en 1993.
Además, la dirigencia de la UCR de La Plata encara por estas horas un trabajo de análisis de situación, cotejando datos e informes sobre la seguridad social. Al respecto, extractamos uno de los trabajos salientes, el elaborado por el abogado Guillermo Anderson, afiliado radical, intitulado: “Cuestión social y el rol del Estado en la Argentina. La seguridad social como herramienta protectora de los Derechos Humanos”. (disponible en su versión completa para los afiliados y ciudadanos que lo requieran).
La Unión Cívica Radical desde sus orígenes tomó la cuestión social como una de sus bases esenciales en la lucha política por una mayor libertad, igualdad, equidad y cohesión social en pos de la unidad y la paz nacional del pueblo argentino.
En su historia como gobierno materializó la cuestión social en base a los principios de igualdad y solidaridad social, no sólo para las presentes generaciones, sino que lo planteó como una política de Estado con una visión estratégica intergeneracional.
Así lo reflejaron las políticas públicas sociales de Hipólito Yrigoyen y de Alvear con la intervención del Estado en materia del derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda y a la tierra productiva, tanto en sus políticas desde el poder ejecutivo o legislativo muchas veces truncas por el conservadurismo como por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sentaron bases para las presentes y futuras generaciones.
En el gobierno de Arturo Illia se continúa con los principios sobre las políticas sociales con el Estado participando en su diseño y ejecución, como por ejemplo con Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil; la Ley de Abastecimiento o la Ley de Medicamentos.
Don Arturo se propuso, y cumplió, gobernar para cumplimentar la tan ansiada reparación nacional a través de una revolución democrática con: a) plena vigencia del estado de derecho; b) crecimiento de la participación de los trabajadores en la riqueza generada; c) pleno empleo; d) con sustitución de importaciones y e) optimización e incremento de la capacidad productiva instalada.
Un hito constitucional y trascendental, es el artículo 14 bis (agregado en la Constituyente de 1957) en la vida de los argentinos, plasmado por la lucha del radical Crisólogo Larralde que con su capacidad intelectual, pero mucho más su profunda sensibilidad social, un hombre con sólidas raíces populares y férrea conciencia de clase, poseía una reconocida vocación pluralista. Los desposeídos, los marginados por el régimen, sus compañeros trabajadores, fueron destinatarios directos de su mensaje y de su acción. Allí, entre ellos, no dividen las banderas partidarias. El dolor, la indignidad, son factores que unifican.
El gobierno radical de Raúl Alfonsín continuó profundizando las políticas sociales, económicas y culturales de la Unión Cívica Radical, plasmado en, por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización (PNA) o el “Plan Alimentario Nacional” (PAN).
Con la caída del gobierno de la Unión Cívica Radical comienza un nuevo proceso político en la Argentina a comienzos de la década 90, algunos la denominan la “Nueva década Infame”. Aquí comienza la desarticulación del modelo de Estado de Bienestar (regulador – interventor), pero con antecedente a partir de mediados de los años setenta, donde se generaron opciones de ajuste fiscal y reforma del Estado que comenzaron a manifestarse durante el propio gobierno militar iniciado en 1976 con Martínez De Hoz y Álvaro Alzogaray.
Estas políticas se desarrollan con mayor despliegue a partir de 1989 con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien se inspira en el Consenso de Washington y en la famosa “Reforma, Modernización y Transformación del Estado” con las leyes 23.696 y 23.698 hacia nuevos conceptos de transferencia de responsabilidades hacia el sector privado sobre parámetros del mercado asentados en la eficacia y eficiencia.
La gestión neoliberal de los 90 transfiere el riesgo social estratégicamente hacia el ciudadano, responsabilizándolo por su pobreza en tiempos en que los recursos del Estado para el manejo de la pobreza estaban disminuyendo. No se retan ni se cuestionan las inequidades estructurales que crean y perpetúan las condiciones de pobreza.
La realidad
La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados o servicios".
En el artículo 14 bis y el articulo 75 incs. 18, 19, 22 y concordantes de la Constitución Nacional se establece que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la protección ante las contingencias, artículos enmarcados dentro de los Capítulos referente a los derechos sociales, culturales, económicos y de la familia.
El sistema previsional en Argentina se caracterizó por estar altamente fragmentado en diversos subsistemas que agrupaban trabajadores según su actividad y zona geográfica de actuación. A partir de la inauguración del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) en 1994, se produce un significativo avance en la consolidación de las prestaciones previsionales.
El régimen actual es un sistema mixto, compuesto por un pilar de reparto y uno de capitalización. El de reparto, consta de un beneficio mínimo (PBU), y algún ingreso variable de acuerdo al nivel de aportes y/o permanencia. En el de capitalización, los beneficios resultan del acumulado de los aportes, más intereses, que la persona hubiera realizado durante su vida laboral activa (ASAP, 1998) Uno de los problemas que el nuevo régimen no ha logrado solucionar es la cobertura.
Actualmente hay cerca de 11 millones de trabajadores afiliados sobre una población económicamente activa de 14 millones de personas. Del total de afiliados, 3 millones son autónomos y 7.5 millones trabajan en relación de dependencia. Pero sólo aportan de manera regular medio millón de autónomos y 4.7 millones de dependientes. Esto significa que, en caso de mantenerse el actual contexto laboral, en el futuro menos de la mitad de la población adulta cumplirá con los requisitos de elegibilidad para acceder a una jubilación.
De acuerdo al análisis que venimos desarrollando el sistema de Seguridad Social está diseñado para cumplir los objetivos de redistribución y seguros sociales, para con el universo de la población. Sin embargo, el funcionamiento real dista de cumplir tales objetivos.
Hay dos causas centrales que desvirtúan su accionar, y llevan a que la seguridad social no cumpla los objetivos mencionados. Por un lado, existe un importante problema de cobertura. Todos los trabajadores informales, que en su mayoría son justamente los más pobres, están excluidos del sistema. Ellos no tienen cobertura contra la vejez, enfermedad, accidente laboral, desempleo, como tampoco subsidios familiares. El segundo problema se refiere a la asignación de los recursos entre la población beneficiaria.
A modo de síntesis puede afirmarse que el sistema de seguridad social en Argentina dista de cumplir sus objetivos. La gran mayoría de los desocupados no tiene cobertura contra el desempleo, y los hogares de menores recursos, donde el jefe de hogar se encuentra en edad activa, generalmente se encuentran excluidos de las asignaciones familiares y obra social.
El sistema de seguridad social en Argentina presenta dos problemas mayores:
• Falta de cobertura e interferencia política. La proposición central de este documento político de la Unión Cívica Radical de La Plata es que los problemas de cobertura se explican en gran medida por factores demográficos, sociales y económicos, mientras que la malversación y el uso clientelar de los recursos tiene origen en el pobre desarrollo político institucional argentino.
• En el ámbito académico, Person y Tabellini (2000), Saint Paul (2001) y otros, han desarrollado diversos modelos de votación para explicar las inequidades que resultan de los sistemas de seguridad social. En dichos modelos se asume que los gobernantes responden a las demandas del electorado, pero dados ciertos parámetros, como una alta desigualdad en la productividad de trabajadores, resultan equilibrios estables que son criticables desde una postura normativa. Una de las conclusiones es que, dado que los votantes y políticos se ocupan de su propio bienestar y no del de las futuras generaciones, se implementan sistemas previsionales de reparto demasiado onerosos.
Actualmente bajo las condicionantes que impone el pobre marco político institucional Argentino al funcionamiento de la seguridad social, dejando el análisis de la incidencia de los factores demográficos, económicos y sociales para un análisis más profundo, concienzudo y técnico. Esto nos lleva a enfatizar el problema de malversación y uso clientelar de los recursos, sin embargo, es de remarcar que el inadecuado desarrollo institucional también contribuye al problema de cobertura.
El marco político institucional no sólo permite el desarrollo de prácticas prebendarías e ineficiencias de todo tipo, sino que también contribuye al problema de cobertura.
Un tercer argumento es:
• Dimensión intertemporal del régimen previsional: Un trabajador informal hoy implicará un jubilado sin cobertura en el futuro. Para que los responsables de manejar la política previsional internalicen dicho costo futuro sería necesario un mayor desarrollo institucional. Los responsables de la determinación de políticas en Argentina se desenvuelven en un marco político institucional donde no tiene ningún incentivo en hacerse cargo de los problemas futuros, fomentando el horizonte cortoplacista de los políticos corruptos y ansiosos de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades y ambiciones personales.
La Unión Cívica Radical comenzó con el debate de la seguridad social desde sus orígenes a principios del siglo XX, en el siglo XXI mantuvo sus convicciones y principios. En la noche del lunes, la Unión Cívica Radical de La Plata en el Comité histórico donde Balbín daba incansables debates y luchas en pos de la justicia social se desarrolló la charla debate a cargo de Santín sobre esta problemática previsional y el partido dejo clara su postura que no claudica en la lucha por la Igualdad, la Libertad, la Fraternidad y la Justicia Social, porque su razón de ser, su existencia se debe a la lucha a favor de los desposeídos, de los trabajadores y de los más débiles. Por todo ello, ¡Adelante radicales!
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